Dos artículos me llamaron la atención especialmente en las ediciones impresas de los periódicos:

La primera es una entrevista de El Mundo al consejero delegado de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, quien critica un aspecto de la administración española: que los gobiernos autonómicos inviertan tanto en promocionar sus respectivos destinos turísticos y que no se haga un esfuerzo común para promocionar España como destino turístico. Uno de los valores de España es la diversidad cultural, pero todo eso se puede asociar a la marca España. ¿Qué tal un anuncio que invite a comer una mariscada en Galicia, a bailar sevillanas en Andalucia, a ver las fallas de Valencia y disfrutar del sol de las Baleares?

La segunda es un artículo de El País que revela que el coste de despedir a un empleado en España duplica al de Reino Unido. España es, de hecho, el país de la UE donde más cuesta despedir a un trabajador. Sin lugar a dudas eso dice mucho a favor de las garantías sociales de España pero tiene un efecto devastador para las nuevas empresas: en los dos últimos proyectos empresariales que se me han presentado el coste de amortización de los costes de de despido representaba un 40% de los ingresos netos de las empresas los dos primeros ejercicios fiscales. Sin lugar a dudas, tenemos que estar orgullosos de tener las garantías sociales que tenemos, pero deberíamos crear un estado de excepción para esas garantías que aplicase a las empresas de menos de tres años de vida. De ese modo el tejido empresarial español sería mucho más estable.